El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, encabezó en forma personal la operación represiva de la Gendarmería Nacional en Esquel contra quienes reclamaban por la detención ilegal del líder mapuche Facundo Jones Huala y que culminó con el primer detenido-desaparecido bajo la presidencia de Mauricio Macrì, Santiago Maldonado, por cuya suerte el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió la urgente intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Noceti anticipó en dos entrevistas radiales que todos los integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) serían detenidos y se jactó de que lo haría el gobierno nacional sin la intervención de un juez, que consideró innecesaria. Sus palabras autoincriminatorias cobrarían muy pronto una dimensión ominosa. En una ensalada conceptual que arroja dudas sobre su estabilidad psíquica, Noceti implicó en los hechos de violencia que atribuye al RAM mapuche al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a “gente vinculada al gobierno anterior” y a “extremistas kurdos”. Cuando Patricia Bullrich colocó a Noceti como jefe de gabinete de su Ministerio, los organismos defensores de los Derechos Humanos señalaron que como abogado defensor de militares procesados por crímenes de lesa humanidad, Noceti había cuestionado los juicios como una venganza política y discutido la imprescriptibilidad de esos delitos. El juez federal Guido Otranto, que intervino en un hábeas corpus a favor del detenido-desaparecido Maldonado, separó de la investigación a la Gendarmería, tal como prescribe el protocolo de actuación del Ministerio Público Fiscal de la Nación y dispuso que la Prefectura Naval realizara un rastrillaje en la zona donde Maldonado fue visto por última vez, que no arrojó resultado. Desde el año pasado, el Ministerio de Seguridad intenta clasificar a la RAM mapuche como una organización terrorista, pese a un fallo en contrario emitido por la Corte Suprema de Justicia. La Corte rechazó la aplicación de la ley antiterrorista al tío de Facundo, Martiniano Jones Huala, y remitió a la justicia de Chubut la causa por abigeato y usurpación.
La ONU reclama una respuesta urgente
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (ONU) exigió al Estado argentino que adopte como “acción urgente una estrategia integral y exhaustiva” para encontrar con vida a Santiago Maldonado, el joven cuyo paradero se desconoce desde hace siete días, cuando participó de una protesta en Esquel para que el Gobierno provincial liberara al dirigente mapuche Facundo Jones Huala y la Gendarmería reprimió. Testigos lo vieron por última vez mientras intentaba huir del operativo que la fuerza federal desarrolló en los territorios de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había solicitado el sábado pasado la intervención urgente del comité. “Evidentemente consideran que el caso es grave porque accionaron rápido y le advierten al Estado que mantendrán el trámite abierto tanto se encuentre a Santiago con vida”, remarcó Gabriela Kletzel, directora del área de trabajo internacional del CELS.
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