jueves, 4 de mayo de 2017

2x1 a los genocidas: el fallo de la vergüenza

La Corte Suprema de Justicia resolvió que a un condenado por delitos de lesa humanidad se le aplique un cómputo que reduce la pena de prisión.


La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró aplicable el cómputo conocido como “2×1” para la prisión de un condenado por delitos de lesa humanidad. Este beneficio, que permite reducir una pena de prisión, fue otorgado por una ley sancionada en 1994, pero derogada en 2001.

En un fallo dividido, la mayoría compuesta por Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti convalidó el principio de ley penal más benigna, contemplado en el Código Penal de la Nación. Para Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que votaron en disidencia, esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

El genocida sobre el que trata este fallo es Luis Muiña, condenado por secuestros, torturas y desaparición contra trabajadores del Hospital Posadas. Allí donde funcionó un centro clandestino de detención, donde se torturó, asesinó y desapareció a trabajadoras y trabajadores del mismo hospital, y vecinos de la zona. Muiña era civil y formaba parte del autodenominado grupo “SWAT”, un comando interno del Hospital. Recorrían las instalaciones deteniendo y torturando a trabajadores y vecinos, muchos de los cuales siguen desaparecidos. Por esto fue condenado en 2011 a la pena de 13 años de prisión.

A este genocida, la Corte aprobó por mayoría otorgarle el cómputo 2x1, basándose en la Ley 24.390 que estaba vigente en el período 1994 y 2001, que intentaba paliar la situación de presos comunes que padecen larguísimas prisiones preventivas sin sentencia.

A Muiña se le aplicará la ley del “dos por uno”, pese a que no estaba vigente ni cuando ocurrieron los hechos por los que fue condenado, ni cuando fue detenido.

Si bien este fallo sólo tiene efecto sobre la detención de Muiña, podría ser aplicado en el futuro a cientos de militares condenados por delitos de lesa humanidad que se encuentran en una situación similar. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó el fallo de “abominable” y adelantó que harán presentaciones en organismos internacionales para revertir la resolución.


Ante este vergonzoso y retrógado fallo, quienes integramos Kilómetro Cero queremos expresar que:

En momentos en los que el impulso de políticas de “mano dura” están a la orden del día.

En momentos donde cada vez más se construye un sentido común marcado por la idea de que las personas privadas de su libertad “entran por una puerta y salen por la otra”.

En momentos en que la superpoblación carcelaria y las condiciones inhumanas de detención son cada vez más agudas, según datos estadísticos oficiales.

En ese contexto, el máximo tribunal de justicia de la nación beneficia a un pequeño sector de detenidos -no a ladrones de gallinas, sino a quienes cometieron crímenes aberrantes en el marco de un genocidio-, liberando asesinos, violadores, secuestradores, torturadores, con un artilugio legal que reafirma las convicciones ideológicas de un poder judicial ocupado en defender los intereses de unos pocos.




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