Luego del juicio a las juntas militares en 1985 se profundizó la tensión entre el gobierno de Raúl Alfonsín y las Fuerzas Armadas. Las sospechas y las acusaciones que pesaban sobre muchos militares por haber realizado crímenes de lesa humanidad generaron un estado de malestar en las filas castrenses.
Con el objetivo de atenuar las quejas de los militares, en diciembre de 1986, el gobierno sancionó la llamada “ley de punto final”, que limitaba la acción de la justicia y fijaba plazos de 30 y 60 días para nuevas denuncias y procesamientos a militares. Sin embargo, esta decisión no logró frenar las exigencias de los uniformados quienes querían una solución política definitiva para el juzgamiento de aquellos graves delitos.
En Córdoba, a mediados de abril de 1987, durante la celebración católica de la Semana Santa, el mayor Ernesto Barreiro, acusado de torturas en el centro clandestino de detención “La Perla", se negó a hablar y se declaró en rebeldía. En Buenos Aires, el coronel Aldo Rico se sumó a la rebelión y ocupó la Escuela de Infantería de Campo de Mayo.
La movilización ciudadana durante Semana Santa de 1987
Con el objetivo de atenuar las quejas de los militares, en diciembre de 1986, el gobierno sancionó la llamada “ley de punto final”, que limitaba la acción de la justicia y fijaba plazos de 30 y 60 días para nuevas denuncias y procesamientos a militares. Sin embargo, esta decisión no logró frenar las exigencias de los uniformados quienes querían una solución política definitiva para el juzgamiento de aquellos graves delitos.
En Córdoba, a mediados de abril de 1987, durante la celebración católica de la Semana Santa, el mayor Ernesto Barreiro, acusado de torturas en el centro clandestino de detención “La Perla", se negó a hablar y se declaró en rebeldía. En Buenos Aires, el coronel Aldo Rico se sumó a la rebelión y ocupó la Escuela de Infantería de Campo de Mayo.
La movilización ciudadana durante Semana Santa de 1987
Miles de argentinos ganaron la calle y rodearon los cuarteles y se dieron cita en todas las plazas del país para defender la democracia. Hubo solidaridad del cuerpo diplomático, de todos los partidos, de la CGT, de empresarios, profesionales y de las iglesias y comunidades extranjeras. La prensa mundial cerró filas en defensa de la democracia argentina.
El domingo de Pascua, 19 de abril, se desembocó en un acto en Plaza de Mayo. Se firmó un Acta de Compromiso Democrático--que dará lugar luego a la Ley de Defensa de la Democracia– y toda la oposición política estaba junto a Alfonsín --desde la derecha liberal a la izquierda--, sobre todo el jefe de la renovación peronista, Antonio Cafiero, e incluso Saúl Ubaldini, Secretaro General de la CGT.
Ese domingo de Pascua, ante una Plaza de Mayo atestada, Alfonsín pronunció una frase que pasará a la historia como el reflejo de uno de los momentos clave de la tradicional batalla entre la ética de la convicción y las razones de Estado: ‘Compatriotas, felices Pascuas. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Serán detenidos’. Pero la casa no estaba en orden: no sería la última rebelión ni planteo militar que sufriría Alfonsín.
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