Luz verde a una desregulación peligrosa

Flexibilizaron el control de distribución de los medicamentos

El gobierno flexibilizó el Sistema Nacional de Trazabilidad implementado para monitorear la distribución de remedios y evitar ventas en negro, adulteración de productos y fraude al Estado con la presentación de troqueles falsos destinados a cobrar subsidios. Los grandes laboratorios venían presionando desde la asunción de Mauricio Macri para reducir el número de productos a los que se les hace ese seguimiento y así bajar sus costos. Con la nueva resolución publicada el viernes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) quitó del sistema de monitoreo 93 principios activos clave correspondientes a remedios con un gran volumen de ventas y para intentar disimular esta polémica decisión, difícil de justificar ante la opinión pública, sumó otros 49 principios, aunque en este último caso corresponden a medicamentos de baja demanda.

En el mercado se venden unas 70 millones de unidades de medicamentos por mes. Desde 2011, el sistema de trazabilidad fue implementándose gradualmente hasta abarcar a unas 7,5 millones de unidades. Con esta nueva medida, unos 3,8 millones de unidades dejarán de tener ese seguimiento. Esto sucede porque entre los 93 principios activos que se retiraron del listado figuran once psicotrópicos de gran demanda que habían sido incorporados al sistema en enero de 2013. Por ejemplo, Anmat decidió ahora dejar de monitorear los principios activos de los medicamentos Alplax (Alprazolam), Lexotanil (Bromazepan), Rivotril (Clonazepan) y Rohypnol (Flunizepan). Ese tipo de productos representan una parte significativa de la facturación de los laboratorios y al mismo tiempo constituyen un universo sensible porque algunos consumidores los suelen mezclar con alcohol para drogarse.

En reemplazo de estos medicamentos incorporaron otros que en algunos casos no los conocen ni los farmacéuticos por su escasísima demanda. Por ejemplo, los principios activos del relajante muscular Atracurio Gray (Belisato de Atracurio), el antiviral Tivicay (Dolutegravir), el antihipertensivo Opsumit (Macitentan) y el antineoplásico Ibrance (Palbociclib).

El sistema de trazabilidad permite conocer el origen, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de toda la cadena de distribución, incluyendo laboratorios, distribuidoras, operadores logísticos, droguerías, farmacias y establecimientos asistenciales. El seguimiento se realiza a partir de la colocación de un código único por producto que es auditado por la Anmat. El envase puede tener un dispositivo electrónico, un código de barras o un código datamatrix, pues cualquiera de ellos cumple con la condición de que no pueden ser quitados sin dejar una marca evidente.

Este sistema de control tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los pacientes al evitar la comercialización de remedios adulterados o falsificados, pero además sirve para evitar ventas en negro y la estafa al Estado con la presentación de troqueles truchos, la porción del envase del remedio que se recorta para luego ingresar al mecanismo de reintegro de las obras sociales. El troquel es fácilmente falsificable porque, si bien funciona como un cheque al portador, no incluye ninguna medida de seguridad.

La causa conocida como “la mafia de los medicamentos” es uno de los antecedentes más resonantes que llevó a implementar el sistema de trazabilidad para reemplazar los troqueles. En 2010 la Justicia comprobó el fraude al Estado a través del cobro de subsidios de la Administración de Programas Especiales (APE), con la presentación de troqueles falsos por tratamientos complejos que nunca se realizaron y medicación que nunca se suministró a los pacientes. Por esta causa fueron procesados y presos como integrantes de una asociación ilícita el secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola, y el titular de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo. Además, en febrero de 2011, el entonces juez federal Norberto Oyarbide procesó a Juan Rinaldi, ex titular de la Superintendencia de Seguridad de la Salud y del APE, responsable de los reintegros a las obras sociales.

La primera etapa en la implementación del sistema de trazabilidad comenzó en mayo de 2011 e incluyó una serie de productos de alto costo, como oncológicos, HIV y hemoderivados. La implementación de esa disposición se completó en su totalidad. En marzo del año siguiente, Anmat amplió la lista incorporando principios activos de remedios que podían ir de 200 a 100.000 pesos. “De los 350 productos farmacéuticos que se expenden bajo receta incluidos en la primera etapa del Sistema de Trazabilidad, que comenzó a implementarse el año pasado, ahora pasarán a controlarse unos 2300 medicamentos. Esto abarcará psicofármacos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos y antiparkinsonianos, entre otros productos”, aseguró entonces el interventor de la ANMAT, Carlos Chiale. En el sector estiman que la trazabilidad se aplicó a cerca del 75 por ciento de los productos de ese segundo listado.

En enero de 2013 hubo una nueva ampliación que sumó una serie de psicotrópicos aunque su cumplimiento siempre fue relativamente escaso, en torno al 15 por ciento del listado, por la resistencia del Mercado. A su vez, en enero de 2015 Anmat concretó una última ampliación del listado al sumar principios activos de alto costo, con un cumplimiento cercano al 85 por ciento.

El objetivo final era reemplazar por completo el sistema de troqueles durante este año, pero los laboratorios han venido demorando su cumplimiento y presionaron para flexibilizar el sistema circunscribiéndolo sólo a los medicamentos más costosos, como era al inicio. Así se lo manifestaron representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) al ministro de Salud, Jorge Lemus, y a Carlos Chiale. A partir de ese lobby se llegó a la disposición 10.564 publicada el viernes en el Boletín Oficial que incorporó 49 principios activos en un listado que figura como Anexo I y sustituyó los anexos de las disposiciones de Anmat de 2012, 2013 y 2015, que en conjunto incluían 391 principios activos, por un nuevo listado de 298 principios activos que se incluyó como Anexo II. Al comparar ese Anexo II con las disposiciones de los años anteriores se puede comprobar cuáles son los 93 principios activos que ahora fueron dejados al margen, entre los cuales figuran los psicotrópicos.

El argumento de los principales laboratorios, que también controlan distribuidoras y droguerías, es que la trazabilidad encarece sus costos por la logística que conlleva. Desde el gobierno, les hicieron saber a los empresarios desde un inicio que era muy complicado políticamente dar marcha atrás con el sistema porque no habría manera de justificarlo. Por lo tanto, inicialmente les ofertaron flexibilizar los plazos de cumplimiento de las distintas disposiciones vigentes al menos hasta 2017. A los laboratorios, esa propuesta les pareció insuficiente y exigieron que Anmat publicase una nueva disposición reduciendo la cantidad de principios activos que deben ser monitoreados a través del sistema de trazabilidad. A cambio, ofrecieron desacelerar la suba de precios de los medicamentos e incluso condonar parte de las deudas que el PAMI tiene con ellos, aunque este último punto todavía no está cerrado.

La novedad se conoció al mismo tiempo que los laboratorios nacionales, principales impulsores de la flexibilización del régimen de trazabilidad, informaron que irán a la Justicia para frenar la aplicación de otra resolución, publicada el 12 de septiembre, que supuestamente flexibiliza el otorgamiento de patentes para la venta de medicamentos en el mercado local y traslada esa responsabilidad a organismos de terceros países. Fuentes del sector relativizaron que eso fuese a ocurrir, pues dicen que el Ministerio de Producción seguirá siendo el encargado de emitir las patentes, e incluso arriesgaron que esa queja podría ser parte de un fuego de artificio destinado a hacer pasar como desapercibida la decisión publicada el viernes en el Boletín Oficial referida a la trazabilidad.

El principal problema de la flexibilización del sistema de trazabilidad es que supone la posibilidad de que continúen los fraudes contra el Estado que protagonizan las empresas del sector y las obras sociales, con complicidad estatal, y que en muchos casos afectó a los pacientes de manera directa porque la reducción de los controles facilita la adulteración de remedios.

Aniversario del asesinato de Rucci

El 25 se septiembre de 1973 cayó bajo las balas de un supuesto comando montonero José Ignacio Rucci, líder de la CGT y hombre de confianza de Perón dentro del sindicalismo.

Ese día Rucci se retiraba de uno de sus domicilios en Avellaneda 2953. El operativo que terminó con su vida fue conocido bajo el nombre de Operación Traviata. Así relataba entonces la publicación Descamisados los pormenores del atentado: “Cuando se dirigía en un Torino patente provisoria E 75885, que habitualmente lo trasladaba. (…) el operativo que eliminó a Rucci comenzó aparentemente cuando, desde la vereda de enfrente, le fueron arrojadas varias granadas, de las cuales una, al menos, no habría explotado. Tras las granadas, Rucci y Ramón Rocha –un guardaespaldas que llegó con él desde San Nicolás– se parapetaron detrás de la puerta abierta del automóvil. Entre tanto, desde la casa en venta de Avellaneda 2951, a través de un agujero efectuado al cartel del primer piso, se le efectuaban los disparos que le ocasionarían la muerte. En el Torino se encontraron 12 impactos de bala. Los demás acompañantes de Rucci, algunos todavía en la vivienda y otros sobre los otros dos automóviles que acompañaban al Torino, se quedaron paralizados por el terror. El líder de la CGT quedaba acribillado en el piso; Rocha, herido también durante el tiroteo, pedía a gritos ayuda a sus compañeros y Tito Muñoz, el chofer, con varios balazos en el cuerpo, aparecía como muerto. Luego se informaría que Muñoz estaba con vida, y, al igual que Rocha, sería trasladado a una clínica privada donde se le efectuaría una intervención quirúrgica de urgencia”.

La muerte de Rucci impactó fuertemente en el escenario político. En su velatorio Perón se lamentó: "Me mataron a un hijo” y ante el periodismo dijo que "estos balazos fueron para mí; me cortaron las patas”. No era para menos. Con Rucci se iba el dirigente que le había permitido a Perón recobrar su control sobre la CGT luego del asesinato del "Lobo" Augusto Timoteo Vandor. Este último había intentado disputarle al viejo caudillo la dirección del peronismo. Rucci era un soldado de Perón que se puso al hombro la tarea de salvar al régimen burgués controlando al movimiento obrero insurgente que había parido el Cordobazo en mayo de 1969.

Rucci fue uno de los firmantes del Pacto Social que desde 1973 congelaba precios y salarios y beneficiaba abiertamente a las patronales. Al firmar dicho acuerdo el líder cegetista declaró premonitoriamente “yo sé que con esto estoy firmando mi sentencia de muerte, pero, como la Patria está por encima de los intereses personales, lo firmo igual”. Lo cierto es que el interés de la “patria” para Rucci pasaba por liquidar a la vanguardia militante que disputaba las fábricas a la burocracia y amenazaba la dirección del peronismo oficial. Rucci fue uno de los jefes indiscutidos de la derecha peronista y como tal responsable de los crímenes de las bandas fascistas paraestatales, principalmente de la Masacre de Ezeiza contra la Juventud Peronista el 20 de junio de 1973. Por todo ello se ganó merecidamente el mote de traidor por parte de los luchadores obreros.

Los Montoneros coreaban en sus movilizaciones la consigna “Rucci, traidor, saludos a Vandor” autoadjudicándose el hecho. Una muestra trágica de la concepción de la izquierda peronista que buscaban disputar con la burocracia sindical mediante el método del atentado guerrillero y la negociación in extremis con Perón y no con la organización de la lucha de clases contra el Pacto Social y la independencia política de los trabajadores.

Después de la muerte de Rucci la burocracia sindical, como parte de las Tres A y con el respaldo de Perón, recrudeció su accionar contra los luchadores sindicales y los militantes de izquierda.

Macri, Malcorra, y la cuestión Malvinas

UNA HERIDA QUE NO PARA DE SANGRAR

L

as Islas Malvinas son un tajo en el alma del colectivo argentino. En casi 200 años de apropiación inglesa cuesta encontrar un absurdo como el que protagonizó esta semana el gobierno argentino.

La Canciller Susana Malcorra, embarcada en su deseo de convertirse en la primera mujer secretaria general de la ONU, firmó una declaración conjunta con el Foreign Office en la que se apuntaba a ampliar los vuelos desde Argentina a las Islas y a revisar el bloqueo que por ley rige sobre la búsqueda de petróleo en el mar argentino. Textualmente, el comunicado dice: “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. La ley 26.659 del 2011 impone severas multas y consecuencias penales a las empresas y directivos que colaboren, directa o indirectamente con las explotación de gas y petróleo en la plataforma continental argentina. El espíritu de esta ley es reducir los beneficios económicos extraordinarios de los kelpers, y lograr que las Islas sean una carga fiscal para Inglaterra,  apuntando a que la opinión pública y el Congreso británicos consideren seriamente negociar la soberanía.

Goya, "El Aquelarre", 1798

Con  ligereza, el gobierno antepone condescendencia a su propia integridad. Por ideología o interés (o ambas), reduce a la nada la memoria. Los habitantes de Malvinas ya manifestaron su rechazo absoluto a cualquier posibilidad de acercamiento, y en los años noventa  las relaciones amigables y el Osito de Di Tella fueron suficientes para saber hacia donde no hay que orientar la estrategia.

Por un hipotético apoyo en cuestiones financieras, la Alianza Cambiemos pone en riego la firmeza del reclamo de soberanía sobre nuestras queridas y dolorosas Islas Malvinas. Tira por la borda el apoyo de casi todo el mundo para forzar la descolonización  jaqueando la institucionalidad al intentar ignorar la ley que el congreso votó por amplia mayoría para proteger nuestros intereses en el Atlántico Sur.

Las idas y vueltas de los últimos días entre el Presidente y la Canciller no aclaran nada. No es esta una cuestión de prueba y error como tantas otras en estos diez aciagos meses. Es una cuestión de sangrado. La sutura que detenga la hemorragia no estará hecha de sumisión sino de firmeza y coherencia.

Fabio Faes

23 de Septiembre de 2016

Se cumplen 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Pasan los años sigue la impunidad.

Familiares del testigo desaparecido y militantes de organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y sociales se manifestaron para reclamar justicia.

A diez años de la desaparición de Julio López, familiares, organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, políticas y sociales marcharon para exigir justicia. Las movilización central se realizó en la ciudad de La Plata, frente al municipio donde en 2006 se realizó el juicio contra Miguel Etchecolatz, del que López fue un testigo clave. La convocatoria se realizó con la consigna “Pasan los años, sigue la impunidad”.

Rubén López, el hijo del albañil, participó de la marcha, en la que sostuvo que los fiscales “no cuidaron” como testigo protegido a su padre. También sostuvo que “la Justicia no investiga” la desaparición de su padre “porque son burros o porque alguien no los deja”.

Por la mañana, antes de la marcha, la familia encabezó una jornada de reflexión en la puerta de su casa, en el barrio de Los Hornos. Familiares y dirigentes sociales llevaron además una ofrenda floral al Pozo de Arana, centro clandestino donde López estuvo detenido durante la dictadura.

Luego, cerca de las 16.30, llegó el turno de la multitudinaria movilización desde Plaza Moreno hasta la gobernación bonaerense, frente a Plaza San Martín. Allí, referentes de los organismos de derechos humanos pidieron la apertura de los archivos de inteligencia.

“Eso nos permitiría ayudar a conocer no solo qué pasó, sino cómo fue orquestada la cadena de encubrimientos e impunidad todos estos años. Si esto no ocurre, la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública se mostrará como una gran hipocresía”, sostuvo Myriam Bregman, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y diputada del Frente de Izquierda.

Guadalupe Godoy, abogada en la causa por la desaparición del testigo, consideró que “este es un aniversario muy complejo porque hay un contexto político muy difícil” y sostuvo que hay que “evitar los retrocesos y que se consolide la impunidad”. En este sentido, Hijos-La Plata y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos reclamaron “juicio y castigo a los responsables del secuestro y desaparición” de López, y repudiaron la posibilidad de que Etchecolatz sea beneficiado con la prisión domiciliaria.

A la multitudinaria marcha se sumaron los gremios de la CTA y dirigentes estudiantiles: “Es fundamental estar presentes, acompañar al conjunto de las organizaciones sociales en este momento donde se expresa una concepción de los derechos humanos y sociales totalmente distinta a la que compartimos”, dijo el presidente de la Federación Universitaria de La Plata, Mateo Compagnucci.

En la Ciudad de Buenos Aires, la marcha salió del Congreso y llegó a la Plaza de Mayo. Entre quienes la encabezaron estuvieron Mirta Baraballe (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora); Patricio del Corro (legislador porteño del FIT); Alejandrina Barry (hija de desaparecidos e integrante del Ceprodh); Carla Lacorte (víctima de gatillo fácil, Ceprodh), María del Carmen Verdú (Correpi) e integrantes de Hijos zona Oeste.

A 40 años, los lápices siguen escribiendo

Un grupo de adolescentes luchaba en vísperas de la dictadura por una rebaja del boleto estudiantil, razón por la cual los militares, una vez en el poder, los secuestraron y torturaron.

La crueldad no tenía límites en aquella Argentina ocupada de 1976 y esto estaba lejos de ser un defecto para los usurpadores del poder y sus socios civiles. Era para ellos una de sus virtudes aquella decisión “inclaudicable” de reorganizarnos, de llevarnos por la “senda de grandeza”, aquellos “objetivos sin plazos”, “aquel marchemos hacia las fronteras”, “el tiempo y esfuerzo, esenciales para cualquier logro”, el “achicar el Estado es agrandar la Nación” y todo esa  palabrería hueca que escondía el vaciamiento del país y la peor matanza de la historia argentina.

Aquella matanza contó con el aval explícito del Departamento de Estado de los Estados Unidos, como lo recordaba el ex embajador en nuestro país Robert Hill: “Cuando Henry Kissinger llegó a la Conferencia de Ejércitos Americanos de Santiago de Chile, los generales argentinos estaban nerviosos ante la posibilidad de que los Estados Unidos les llamaran la atención sobre la situación de los derechos humanos. Pero Kissinger se limitó a decirle al canciller de la dictadura, almirante César Guzzetti, que el régimen debía resolver el problema antes de que el Congreso norteamericano reanudara sus sesiones en 1977. A buen entendedor, pocas palabras. El secretario de Estado Kissinger les dio luz verde para que continuaran con su ‘guerra sucia’. En el lapso de tres semanas empezó una ola de ejecuciones en masa. Centenares de detenidos fueron asesinados. Para fin del año 1976 había millares de muertos y desaparecidos más. Los militares ya no darían marcha atrás. Tenían las manos demasiado empapadas de sangre”.

El general-presidente Videla quiso convertir aquella masacre en una incógnita declarando que el desaparecido “no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desparecido”. La elección de la palabra no es aleatoria, es perversa en boca del verdugo, que no tenía ninguna duda sobre el destino de los prisioneros políticosy exhibía en público el terrible método elegido para atormentar aun más a los familiares: crear la incógnita sobre el destino de su ser querido. Aquel desconocimiento era parcial porque el horizonte del grupo familiar que sufría la pérdida era dramático y no era tan incógnito el destino sufrido por la víctima como conocer el lugar de detención y poder saber si seguía con vida. Sobre el resto no había incógnitas, había certezas, dolor, soledad y búsqueda incesante.

En aquel panorama la represión en los colegios secundarios fue muy dura, y apuntó a terminar con el alto nivel de participación política de los jóvenes en los centros de estudiantes y en las agrupaciones políticas.

Las invitaciones a vigilar y castigar pasaban de la conferencia de prensa a la sala de torturas y a la muerte. Muchos colegios secundarios del país tienen hoy placas conmemorativas de sus alumnos desaparecidos.

El hecho emblemático, “didáctico” de aquel terrorismo de Estado fue el que pasó a la historia como “la noche de los lápices”, aquella noche del 16 de septiembre de 1976 -21 aniversario del derrocamiento del primer peronismo por la autodenominada Revolución Libertadora- en la que fue secuestrado un grupo de jóvenes militantes secundarios de la ciudad de La Plata y alrededores. La que había sido la ciudad Eva Perón era ahora el reino del general Ibérico Saint James, autor “literario” de la inolvidable frase: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, luego a los indiferentes y por último a los tímidos”.

En la corte de Saint James había personajes de la talla del general Camps y su mano derecha -curiosidades de la literalidad- el comisario Miguel Etchecolatz. Fueron ellos los responsables directos del secuestro, tortura y muerte de estos jóvenes, para los que nadie reclama inocencia según los parámetros de una dictadura culpable por naturaleza y que salen honrados de la vergonzosa afirmación que aún hoy campea por estas tierras, ese “algo habrán hecho” que tanto daño hizo y hace.

Claro que hicieron algo, mucho. La mayoría de ellos provenían de hogares de clase media, no tenían problema en pagar el boleto de colectivo, pero sabían que había muchos de sus compañeros que no, que ya a esa corta edad tenían antigüedad en sus trabajos y que había que conseguir el boleto estudiantil para todos. Comenzaron a organizarse en cada colegio y del colegio al barrio y de ahí a la zona y nació así la Coordinadora de Estudiantes Secundarios que nucleaba a miles de ellos de todos lados y logró arrancarle al gobierno de Isabel aquel derecho. Fueron días de festejo acotado, corrido por gases y vigilado de cerca por la Triple A.

Producido el golpe, la estrategia fue suspender en agosto de 1976 la vigencia del boleto estudiantil y esperar la protesta y que los estudiantes volvieran a luchar por lo que les correspondía. Lasrazzias duraron dos meses y el pico de detenciones se produjo aquella noche de septiembre.

Recuerda Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes de aquel horror que: “Hay un documento de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se llama específicamente La Noche de los Lápices. Ese documento, firmado por un comisario mayor Fernández, en ese momento asesor del Consejo del general Camps y Etchecolatz, hablaba de que luego de desarticulados política e ideológicamente los sectores “subversivos” como universitarios, barriales, trabajadores, la piedra angular eran los “potenciales subversivos”, que eran los estudiantes secundarios que eran líderes en sus escuelas. Ellos hablaban de “semillero”, de “potenciales subversivos”.

Los jóvenes secuestrados en aquella “Noche de los lápices” fueron arrancados de sus casas en la madrugada y llevados inicialmente a la “División cuatrerismo” de la policía bonaerense, donde funcionaba el centro clandestino de detención conocido como “Arana”. De allí pasaron a la División de Investigaciones de Banfield, tristemente célebre como el “Pozo de Banfield”.

Allí conocieron el  horror en toda su expresión: “Nosotros, en el Pozo de Banfield, éramos adolescentes que teníamos a nuestro cuidado mujeres embarazadas. En el período en que nosotros estuvimos, desde septiembre a diciembre de 1976, fuimos testigos de tres partos. A nosotros, que teníamos entre 15 y 17 años, nos ponían en un calabozo con una compañera embarazada a punto de dar a luz y cuando ellas empezaban con trabajo de parto teníamos que golpear fuertemente la celda. Estábamos en el tercer piso y hoy se sabe que en el segundo piso de donde estábamos nosotros estaba la sala de parto del médico (Jorge) Bergés. Tuvimos tres situaciones de ésas. Golpeábamos la celda, las venían a buscar y después escuchábamos el llanto del bebé. Nosotros, tanto los adolescentes que estábamos en el traslado final como las mujeres embarazadas, a las que el único cuidado apuntaba a lo que tenían dentro de la pancita, éramos residuos. Como tales, éramos mantenidos. No teníamos un destino presupuesto”.

Allí padecieron la tortura, simulacros de fusilamiento y el vano intento de imponerles otra mentalidad, la forma correcta de “procesar” aquel país y aceptarlo tal cual era en 1976, un país atendido por sus dueños. Tuvieron sus cuerpos pero no su obediencia. Como dicen las pancartas de los estudiantes de hoy, aquellos lápices siguen escribiendo.

16 de septiembre de 1955 - Golpe autodenominado “Revolución Libertadora”. La Revolución Fusiladora

El 16 de septiembre de 1955 se produce la sublevación autodenominada “Revolución Libertadora”, movimiento revolucionario encabezado por el general Eduardo Lonardi, que derrocó al gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón. El 13 de noviembre de 1955, Lonardi sería reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu. El texto que sigue, extraído de la revista Primera Plana, constituye una mirada sobre los móviles que desencadenaron el movimiento que derrocó a Perón

Revolución Libertadora. La cuarta invasión inglesa

La contrarrevolución de 1955 no fue gestada en 1954. No nació con el negocio petrolero iniciado con la Standard Oil, ni en el conflicto con la Iglesia argentina. La confabulación venía tomando cuerpo desde la segunda mitad de 1950 y principios de 1951, a través de los trabajos que realizaban en el ejército Pedro Eugenio Aramburu, Luis Leguizamón Martínez, Benjamín Menéndez, Eduardo Lonardi y José F. Suárez.

Si el movimiento peronista y su gobierno tuvieron fuertes enemigos internos, no es menos cierto que los hubo mayores en el exterior. El principal, entre éstos, era un imperio en decadencia, pero un imperio al fin. Inglaterra, puesto que de ella hablamos, iba a jugar sus cartas con maestría y sin esos movimientos bruscos que delatan a los carteristas novicios. En este sentido, la Argentina de 1955 fue la carpeta de juego en que los legos debieron enfrentar, con desventaja, a los fulleros.

La revolución peronista hirió sensiblemente a las minorías oligárquicas y a la burguesía del país, pero también perjudicó ostensiblemente a los intereses británicos, que a la postre se unirían con quienes les ofrecieran la más segura posibilidad de revancha. Si es verdad que sancionó a los Bemberg, es cierto también que lesionó duramente la esfera de influencia de los británicos.

En un olvidado artículo periodístico, de 1957, Juan Perón señaló que la llamada “revolución libertadora” trajo la cuarta invasión inglesa. “Ante la incredulidad de propios y extraños –escribía-, nacionalizamos, comprando y pagándoles, los transportes, puertos, teléfonos, silos y elevadores, frigoríficos, servicios de gas y energía, el Banco Central, creamos la Flota Mercante, que llegó a ser la cuarta del mundo, y dimos al país transportes aéreos. Industrializamos la Nación facilitando la instalación de industrias pesadas. Asimismo, fabricamos gran cantidad de maquinarias y automotores. Así logramos la independencia económica, arrojando por tercera vez al invasor británico”. En otro párrafo del texto que estamos rememorando decía Perón: “Nuestra economía justicialista les resultó desastrosa. Sirva un ejemplo: en textiles y afines importábamos de Inglaterra por un valor de 100 millones de dólares anuales. En 1954, esa cifra se redujo a medio millón anuales. Como último bastión, le quedaba nuestro mercado comprador de petróleo. Inglaterra nos vende combustible por valor de 350 millones de dólares por año. Nuestro gobierno había firmado ad referéndum del Congreso de la Nación, un “contrato de locación de servicios” con la Standard Oil de California. Por éste, la compañía norteamericana se comprometía a explorar parte de nuestro subsuelo y extraer el petróleo que hubiera, el que debía ser entregado en su totalidad a YPF para su comercialización”.

Es posible que los ingleses hayan hecho el cálculo de la pérdida que el cambio de política petrolera significaba para ellos, y que decidieran intervenir, contando como contaban con fuertes aliados en la marina de guerra argentina. Los hechos parecen dar entera razón a estos asertos. El viaje de Milton Eisenhower a la Argentina, registrado en el invierno de 1953, indicó el principio del cambio en cuanto a relaciones internacionales. En menos de dos años el cuadro varió visiblemente. El 26 de mayo de 1955 el profesor Silenzi de Stagni dio su famosa clase contra el proyecto de contrato petrolero, que tanto impresionó a los jefes de las Fuerzas Armadas. El 31 de agosto la comentó el periódico Die Welt, de Hamburgo, sobre la base de una síntesis enviada por su corresponsal.

El grupo Bemberg, símbolo de toda una época de la Argentina librada al apetito de los consorcios internaciones, se convirtió en el enemigo más enconado e intrigante de Perón. Los misteriosos “accionistas franceses” de la Cervecería Quilmes no se quedaron quietos y acrecentaron la propaganda antiargentina en el exterior. Al grupo Bemberg se agregó en 1951 el grupo Gainza Paz, estrechamente ligado a la UP y a la SIP, cuando el movimiento expropió La Prensa y lastimó a la oligarquía en dos de sus mucosas más sensibles: el bolsillo y el orgullo de clase.

Finalmente en la consolidación “moral” del frente antiperonista interno jugaron un papel importante las logias masónicas y otras agrupaciones típicas de la burguesía antinacional.

Hablamos con Alexis Padovani, voz y líder de Resanta

Resanta, la banda de rock oriunda de Zona Norte está presentando su nuevo disco "INperfecto"

Alexis nos cuenta los detalles de su nuevo material y escuchamos el tema que da nombre al álbum.

Volver a los '90: el gobierno dejó sin trenes a más de 100 pueblos en 2016

La decisión afecta a más de 670 mil habitantes de distintas poblaciones como Chascomús, Pringles, Basavilbaso. Los vecinos se sienten aislados y protestan para que vuelva el servicio. También se cuestiona el mega plan ferroviario que anunció Macri, porque sólo beneficia al área metropolitana e implica un retroceso a las políticas de transporte del menemismo.

Mientras el gobierno de Mauricio Macri anuncia un faraónico proyecto ferroviario dedicado exclusivamente al Área Metropolitana, nimbado de un porteñocentrismo extremo, al punto que prevé construir una mega estación bajo el mismísimo Obelisco, más de un centenar de pueblos de tres provincias se han quedado sin tren en lo que va del año.El 30 de junio pasado, y de forma sorpresiva, el gobierno bonaerense anunció a través de su Ministerio de Infraestructura la suspensión de todos los servicios prestados por la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP, más conocida por su razón comercial: Ferrobaires), aduciendo razones de seguridad, y “hasta nuevo aviso”.Horas antes, el choque entre “Martita” (el tren que viajaba a diario a Junín) y una formación de carga en el partido de Chacabuco había dejado más de 20 heridos. De un día para el otro, los ramales que van a Tandil, 25 de Mayo, Chascomús, Bragado, Junín y Alberdi, a Bahía Blanca vía Pringles y a La Pampa, quedaron vacíos. Una larga lista de pueblos se quedó sin tren. Algunos son poco conocidos: Coronel Boerr, Cacharí, Hinojo, Las Martinetas. Otros más, como Laprida, pago chico de la vicepresidenta Gabriela Michetti.A Chascomús llegaban dos trenes: el de Ferrobaires desde Alejandro Korn y el semirrápido chino desde Constitución inaugurado en diciembre de 2014. Ya no. “No hay explicaciones. La excusa es la falla en la señalización, pero los trabajadores aseguran que no hay riesgo”, dice el diputado bonaerense José Ignacio “Cote” Rossi (FPV), que presentó un pedido de informes en la Legislatura provincial, aún sin respuesta.Los habitantes de Sierra de la Ventana multiplican las reuniones, actividades y gestiones para que vuelva el tren, que ya no pasa por Pringles, Villa Ventana y Saldungaray. Juntaron más de 2000 firmas y las llevaron al Concejo Deliberante de Tornquist, “que instó al intendente para que interceda ante la gobernación y ante el Estado nacional; tienen que saber que estamos muy preocupados”, explica Paula Florencia Bertrán, una de las vecinas movilizadas.La provincia de La Pampa también se quedó sin trenes de pasajeros. Apenas llegado, el 13 de enero el gobierno nacional decidió suspender el servicio que unía Santa Rosa y General Pico (que había comenzado a prestarse en agosto del año pasado cuando el temporal obligó a acortar hasta Chivilcoy el servicio desde Once). También Entre Ríos padece el levantamiento de ramales. En enero dejó de circular el servicio Paraná-Oro Verde. Luego se suspendieron los ramales que unen Paraná con Concepción del Uruguay y Basavilbaso con Concordia.Son, en total, 104 pueblos y ciudades, más de 670 mil habitantes que vieron pasar el tren por última vez en tiempos de Cambiemos. Sin contar las más de 50 localidades, entre ellas Mar del Plata, que lo perdieron en agosto de 2015, cuando las inundaciones afectaron el puente sobre el río Salado, que se arregló, aunque el ferrocarril nunca volvió. O las que recibían tres formaciones diarias y hoy sólo una, como Bahía Blanca. O las que sufren la demora en las obras de electrificación, como La Plata. No hay fecha prevista para la restauración de ninguno de los servicios caídos. Y los que podían resurgir no lo harán. A los miembros de la Junta Vecinal por la Reactivación del Ramal La Plata-Brandsen, Álvaro Quiroga, director de Asuntos Públicos del Ministerio de Transporte, les habló con el bolsillo: habría que evaluar, dijo, “si vale la pena que el Estado lo opere; si nos lanzamos a abrir ferrocarriles en todos lados, el sistema no es sustentable”.Mientras tanto, el ombliguista plan presentado el jueves pasado por Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro Guillermo Dietrich en los talleres del Roca en Llavallol (que incluyó selfies y un cordón de seguridad para blindar la visita del presidente contra eventuales protestas) sólo mira a la Capital, marginando al resto del país que ya había padecido la pérdida del tren durante el menemismo y postergando sus ansias de recuperarlo. Sus ejes principales son el soterramiento del Sarmiento y la construcción de la polémica Red de Expresos Regionales (RER), 16 kilómetros de vías subterráneas en pleno centro porteño.Y el anuncio de la RER va acompañado del abandono del Plan Quinquenal de Ferrocarriles Argentinos, que había sido trazado durante la gestión de Florencio Randazzo en Interior y Transporte y tenía una perspectiva abiertamente federal. En rigor, el 63% de los 11.774 millones de dólares que preveía invertir aquel plan para 2016-2020 iban a ser destinados al segmento de trenes regionales y de larga distancia. El proyecto actual retoma varios puntos del anterior en términos técnicos (señalización, renovación de vías, adquisición de material rodante). Las diferencias remiten más bien a modelos de país: uno integrado, con la recuperación del tren como una reivindicación de cada pueblo y cada provincia, y otro unitario, articulado alrededor de la ciudad de Buenos Aires.El plan de Randazzo –que apuntalaba su entonces precandidatura presidencial, traccionada por un puñado de hitos ferroviarios, destinos estratégicos recuperados para el tren– proponía implementar servicios caídos durante los ’90 y ampliar otros ya existentes: ir de Retiro a Mendoza; de Constitución a Bariloche, Neuquén y Zapala; unir Rosario, Santa Fe y Resistencia; Resistencia con Salta; Tucumán con Salvador Mazza; recuperar el servicio a Pinamar; hacer Once-Santa Rosa sin trasbordo; y resucitar el Gran Capitán, entre Lacroze y Posadas. Esas nuevas rutas transportarían 4,2 millones de pasajeros anuales para 2020.Más allá de su factibilidad, y del hecho de que la recuperación ferroviaria durante el kirchnerismo haya sido la respuesta a una tragedia anunciada, la de Once –por la que ya fueron condenados dos secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y por la que irá a juicio oral y público el ex ministro de Planificación, Julio De Vido–, aquel plan ha sido desactivado. Así lo confirmó el jefe de Gabinete Marcos Peña en su informe del 1 de junio ante el Senado: sólo se prevé terminar las obras de renovación de vías a Rosario y Mar del Plata, además de reparaciones puntuales en el ramal a Bahía Blanca, todas obras iniciadas durante el gobierno anterior. Entre otras, las rutas hacia Córdoba y Mendoza (cuya primera etapa, en los tramos Rosario-Tortugas y Rufino-Justo Daract, también licitó la gestión del FPV) quedarían en el olvido. El centralismo del plan ferroviario PRO ya enciende alertas en las provincias. “A 200 años de la Independencia volvemos a discutir el puerto de Buenos Aires contra el interior”, advirtió la diputada Alicia Ciciliani (PS), y agregó que “la Estación Central abajo del Obelisco” se va a hacer “con plata de los santafesinos”.Poco se especificó sobre las fuentes de financiamiento de semejante obra. Para el San Martín, por ejemplo, se usará un crédito del BID que ya había sido negociado por Randazzo. Se prevé que el resto provenga de emisión de deuda, créditos de organismos internacionales y la participación privada. Meses atrás, Marcelo Orfila (presidente de Ferrocarriles Argentinos), Guillermo Fiad (titular de la Administración de Infraestructura Ferroviaria) y Manuela López Menéndez (secretaria de Obras del Ministerio de Transporte) presentaron en la Embajada Argentina en Londres un plan de inversión ante empresarios británicos, con el objetivo de atraer capitales privados: sólo promocionaron infraestructura para trenes urbanos, sin servicios de larga distancia. Según consignó la agencia Télam, López Menéndez habló allí de un proyecto de ley de fomento a la inversión privada “cuya clave es que los inversores que participen reciban una garantía de rentabilidad”.El plan noventista de Cambiemos para los trenes se complementa con la transferencia de servicios ferroviarios del Estado nacional a provincias y municipios, sin posibilidades económicas y operativas para sostenerlos –como en los ‘90–, a contramano de la ley aprobada en 2015 con apoyo del actual oficialismo, que obligaba a recuperar para Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado todos los ramales concesionados a las provincias por Menem. Esa es la idea que se pretende aplicar en Neuquén y Chaco. El Tren del Valle, que une Cipolletti y la capital neuquina –e iba a extenderse a Plottier y General Roca– sería la primera víctima de este proceso. Aníbal Tortoriello (CC-ARI), intendente cipoleño, ya avisó que “las arcas municipales no están en condiciones de asumirlo”. Los trenes que circulan por Chaco, que en 2010 habían pasado al Estado nacional, volverían a la provincia si prospera la iniciativa impulsada por el senador Ángel Rozas (UCR).El caso de Ferrobaires es el inverso. Vidal le ganó esa pulseada a Dietrich y activó el traspaso de los trenes bonaerenses a la Nación: sus funcionarios tienen 180 días para negociar las condiciones de una operatoria que de hecho ya había sido convenida en 2007, durante la gestión de Felipe Solá, con la condición de no suprimir ninguno de los ramales transferidos a la provincia entre 1992 y 1993. Pero hoy los trenes no pasan, y los 2700 trabajadores de Ferrobaires escuchan hablar de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. En el ramal que iba a La Pampa ya empezaron los despidos. 

Fuente: Tiempo Argentino - Pablo Taranto

El llanto de la moneda (Parte I)

Por Gastón Florio

"De nuestro lado, del lado de la revolución chilena, estaban la Constitución y la ley, la democracia y la esperanza”. Con esta frase Neruda –la pluma mágica chilena- expresaba lo que aquel 11 de Septiembre se derrumbo por sangre y fuego. El proceso que atravesaba el país pacífico, sin dudas iba más allá de su época, y sin titubear un solo segundo, el poderío del imperialismo, junto al empresariado y los militares reaccionarios chilenos, desplegaron todos sus planes para apagar la llama Socialista.

Tras tres derrotas electorales, en 1970, el Socialista y futuro mártir Latinoamericano, Salvador Allende obtiene el triunfo a través del voto popular, por ajustado margen, hecho que genero –según el dictamen de la constitución chilena- que su Congreso rectifique el triunfo. Y así sucedió, pese a las intentonas de los yanquis para sobornar a los representantes para su voto negativo (a lo Cobos). En 1958, Allende y la Unidad Popular, ya habían avivado la mirada de muchos por su excelente elección nacional, y por el miedo al fantasma antiimperialista en la región, el Departamento de Estado, seis años más tarde penetran en Chile, de manera grotesca para impedir la posible. Killing Hope relata: “Cuando Salvador Allende - un marxista comprometido - perdió por sólo tres puntos las elecciones presidenciales chilenas en 1958, los Estados Unidos decidió que el resultado de las próximas elecciones, a realizarse en 1964, no podía dejarse en manos del azar ni de la democracia. Washington lo tomó con mucha seriedad. Por ello, a comienzos de la administración de Kennedy, en 1961, se creó un comité electoral, compuesto de altos oficiales del Departamento de Estado, la CIA y la Casa Blanca. En Santiago en tanto, se formo un comité paralelo compuesto por miembros de la embajada de EE.UU. y de la CIA”. Después de operar, aquel `64, a toda la oposición y desviar millonarias cifra a la campaña presidencial del Sur, la CIA opto por el candidato de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei, regalándole más de 20 millones de dólares para utilizarlo en su riña contra el candidato de la Unidad Popular, Allende. “La operación –prosigue Hope- fue más exitosa de lo que se esperaba. Frei ganó un 56 por ciento de los votos en comparación con el 39 por ciento obtenido por Allende. Según la CIA, en su informe al Senado, "fue la más exitosa campaña anti-comunista que jamás se haya emprendido". Sin embargo, la perseverancia por la vía democrática del marxista nacional, seis años más tarde le dio el visto bueno, en medio de conspiraciones –de todas las caras del poder financiero- en su contra, y en los hombros de un pueblo, cual se esperanzaba ante el nuevo presidente democrático. 
La región toda, después de la mitad del Siglo XX, vivía un proceso de rebelión contra el poder opresor de las oligarquías locales, sumisas al todopoderoso poder yanqui, que se disputaba en mundo con los Soviéticos. Los procesos revolucionarios se expandían desde México hasta nuestro país, con distintos signos ideológicos y diferentes tácticas y estratégicas políticas, pero todos desangrándose por el mismo horizonte: la liberación Nacional y la unidad subcontinental. La experiencia del “Proyecto Popular”, luego “Unidad Popular” toma su vida en esa coyuntura. Sin embargo, quizás él agrego un tinte que lo distinguió históricamente en su tiempo. Desde su conformación para las elecciones de 1954, se planteara la toma de poder por vías institucionales, pese a la brutalidad del poder opresor. Con inclinación Marxista-Leninista de sus principales dirigente, lograra coalicionar con la realidad chilena formando un gran frente Nacional. Con su carácter movimientista, el UP planteara la disputa de poder dentro de las instituciones tradicionales –transitando derrotas, proscripciones y triunfo- para instalar el eje de “la vía chilena hacia el Socialismo. “Había un claro sentido que se luchaba por el socialismo independiente a sus múltiples contenidos y acepciones. La fórmula para lograrlo era mediante la conquista de parte del poder político empleando la propia institucionalidad del estado burgués: Un triunfo electoral para obtener la presidencia de la república. Desde allí y con un amplio y revolucionario programa, con la indispensable participación de las grandes mayorías, en una suerte de "correlación de masas en necesario e imparable ascenso" a favor del proyecto popular, garantizarían la continuidad y seguridad del proyecto”. La maduración política del UP lo llevo a sintetizar dos elementos, cuales en su época iban por caminos diferentes: el horizonte Socialista y la disputa de poder político dentro de las instituciones tradicionales.

Chile es un país que tiene particularidades. Angosto y largo, cuenta con 756.097 km2 y particiones territoriales en tres distintos continentes: Antártida, Oceanía, y por supuesto, América. Contó con el primer gobierno Socialista del Sur de América, pero ese sueño duro tan solo doce días, en 1932; claro está, después de Cristo... Su lucha de la independencia, contra el absolutismo español, está estrechamente ligada a la nuestra. Ambos compartimos los mismos actores sociales, y los mismos sueños de la independencia de la Patria Grande contra las ambiciones de nuestras oligarquías portuarias. Bernardo de O`Higgins será el San Martín chileno. Amigos y compañeros de luchas, San Martín y O´Higgins encabezaron el Ejercita de los Andes, y años después la expedición al Perú para sellar la victoria de la democracia Americana.
En la segunda mitad del Siglo pasado, Chile contaba con una población de 10 millones de habitantes, y un ingreso per cápita de más de 500 billetes norteamericanos, el mayor de la región. Sin embargo había un pequeño problema en la distribución de dicha torta: la mitad su PBI estaba en manos de 300.000 personas. Por ende, matemáticamente, la otra mitad se repartía en un número más elevado, en 9.700.000 de personas. La producción de Cobre lo distingue hasta hoy, su capacidad para la extracción de este material los ubicaba por debajo de los dos polos imperiales, colocándolo terceros en el ranking de producción mundial. Aquella patria Socialista de los doce día, decreto la nacionalización del Cobre, pero la iniciativa patriótica se esfumo rápidamente en menos de una semana. Tendría que llegar otro camarada para culminar la obra, 39 años después. Gabriel García Márquez recuerda el primer año de Allende como presidente: “En el curso del primer año se habían nacionalizado 47 empresas industriales y más de la mitad del sistema de créditos. La reforma agraria expropió e incorporó a la propiedad social 2.400.000 hectáreas de tierras activas. El proceso inflacionario se moderó: se consiguió el pleno empleo y los salarios tuvieron un aumento efectivo de un 40 por ciento. El gobierno anterior, presidido por el demócrata-cristiano Eduardo Frei, había iniciado un proceso de chilenización del cobre. Lo único que hizo fue comprar el 51 por ciento de las minas, y sólo por la mina de El Teniente pagó una suma superior al precio total de la empresa. La Unidad Popular recuperó para la nación con un solo acto legal todos los yacimientos de cobre explotados por las filiales de compañías norteamericanas, la Anaconda y la Kennecott. Sin indemnización: el gobierno calculaba que las dos compañías habían hecho en 15 años una ganancia excesiva de 80.000 millones de dólares”.

Entrevista con Edgardo Mocca

Hoy entrevistamos telefónicamente a Edgardo Mocca, periodista, politólogo y docente de larga trayectoria. 

A continuación te dejamos el audio completo de la nota.