El 26 de junio de 2002, cerca de la Estación Avellaneda, un ejército de policías con sus armas cargadas de plomo disparó contra manifestantes. Asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Los responsables políticos de ordenar la masacre continúan impunes. El pedido de justicia no cesa y la causa que investiga a los autores ideológicos se reabrió.
Darío Santillán y Maximiliano Kosteki militaban en el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (MTD). Aquel día, que enlutó a toda la clase obrera, Darío y Maxi junto a organizaciones piqueteras y partidos de izquierda se movilizaron al Puente Pueyrredón.
Reclamaban el pago de los planes sociales; el aumento de los subsidios de desempleo; la implementación de un plan alimentario bajo gestión de los propios desocupados; insumos para escuelas y centros de salud barriales; el desprocesamiento de los luchadores sociales y el fin de la represión.
Y llevaban una declaración de solidaridad con los trabajadores de la fábrica recuperada Zanon de Neuquén que se encontraba amenazada de desalojo.
Ese 26 de junio, seis meses después del 19 y 20 de diciembre del 2001, el gobierno de Duhalde se propuso impedir que los manifestantes llegaran al Puente Pueyrredón. Para eso reunió a tres fuerzas federales: Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal, además de la Policía Bonaerense (gobernada entonces por Felipe Solá). Con todas esas fuerzas coordinadas militarizó todos los accesos a la Capital, en los que se desplegó a más de dos mil efectivos.
La jornada terminó con el asesinato Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la estación Avellaneda y decenas de heridos fueron trasladados al hospital Fiorito.
En las primeras horas de la masacre la versión oficial intentó imponer la idea que los manifestantes se mataron entre ellos. Pero la masacre, registrada por periodistas, derivó en una conmoción social que obligó al entonces presidente Duhalde a adelantar las elecciones generales, a pesar que el 7 de junio de 2002 en una conferencia de prensa afirmaba que de ninguna manera las adelantaría.
Antes de la masacre
El gobierno ajustador de Fernando de la Rúa, que cayó en las jornadas del 19 y 20 de diciembre, dejó cientos de miles de desocupados y fábricas cerradas. La crisis económica y social empujó a las calles a los movimientos de desocupados y a los trabajadores a ocupar las fábricas cerradas por los patrones. Las asambleas populares se extendían.
El gobierno de Eduardo Duhalde se propuso acabar con las movilizaciones. Una semana antes de la masacre el Presidente realizó varias reuniones con miembros del gabinete, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de los servicios de Inteligencia del Estado, de hombres clave de la justicia y del gobernador de la provincia de Buenos Aires.
En esas reuniones el gobierno de Duhalde decidió cómo “resolver” el conflicto social, en el marco de una aguda crisis económica, política y social abierta en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. La Masacre de Avellaneda fue un crimen planificado que buscaba derrotar y disciplinar a todos los sectores en lucha.
El 24 de junio de 2002 el jefe de Gabinete Alfredo Atanasof anunció que el gobierno nacional utilizaría “todos los mecanismos para hacer cumplir la ley” ante la movilización prevista para el 26 en el Puente Pueyrredón. El Presidente anunció a la prensa que “los intentos de aislar a la Capital no pueden pasar más, tenemos que ir poniendo orden”.
El 26 de junio
Ese día las distintas organizaciones que participaban en la actividad por el pliego de reclamos al Gobierno se coordinaron para cortar cinco accesos rápidos a la Capital Federal. El MTD, que contaba con una importante presencia en la zona sur del Gran Buenos Aires, cortaría el Puente Pueyrredón.
Los operativos de las cuatros fuerzas de seguridad del Estado impidieron que se realizaran los cortes. Dispararon balas de plomo contra los manifestantes. A Maximiliano Kosteki lo asesinaron en el hall de la Estación Avellaneda; Darío entró a la estación para socorrerlo y ahí otro Bonaerense le disparó por la espalda y cayó malherido a los pocos metros.
Los dos jóvenes fueron arrastrados, sangrando, hasta afuera de la estación por los mismos policías que les habían disparado. En esta represión más de treinta personas fueron heridas de bala y cerca de doscientas fueron detenidas.
La versión oficial intentó instalar que los piqueteros, por una disputa interna, se mataron entre ellos. Versión desmentida por los trabajadores de prensa presentes: una cámara del noticiero de Canal 7 filmó el momento en que dos efectivos de la Bonaerense disparaban sobre los manifestantes, más las imágenes tomadas por un fotógrafo independiente, Sergio Kovalevsky y el fotógrafo del diario Clarín Pepe Mateos, que resultaron clave en el curso de la investigación.
Miles movilizados, Duhalde llama a elecciones
El 27 de junio miles de personas marcharon del Congreso hasta Plaza de Mayo para reclamar el esclarecimiento de los crímenes y la renuncia del presidente Duhalde.
El 28 de junio Duhalde admitió la posibilidad de que policías hayan asesinado a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki al decir que “aparentemente nuevamente quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería”.
El 29 del mismo mes un testigo declaraba ante la Justicia “lo que vi fue un fusilamiento, al flaco lo mataron por la espalda como a un perro”.
El 30 de junio el gobernador bonaerense Felipe Solá apuntó contra el comisario Alfredo Fanchiotti y dijo que era un “psicópata y asesino”.
El 2 de julio Duhalde anunció el adelantamiento de las elecciones presidenciales de septiembre a marzo de 2003.
El 4 de julio una nueva movilización, de más de 30 mil personas, marchó a Plaza de Mayo para repudiar la masacre de Avellaneda y homenajear a Darío y Maxi. Días después fueron detenidos el comisario Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta por “homicidio agravado por alevosía”.
Juicios y algunas condenas
Por el crimen de Darío y Maxi en 2006 fueron condenados a prisión perpetua el excomisario Fanchiotti y el excabo Acosta. Otros siete efectivos recibieron penas mínimas y al poco tiempo fueron liberados.
Desde julio de 2002 las familias de los jóvenes asesinados reclamaron que se juzgue también a los responsables políticos. Éstos son el expresidente Eduardo Duhalde, el entonces gobernador de Buenos Aires y actual diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá, el exsecretario de Seguridad Interior de la Nación Juan José Álvarez, el exjefe de la SIDE y fallecido gobernador de Río Negro Carlos Soria, el exjefe de Gabinete Alfredo Atanasof, el exministro de Justicia nacional Jorge Vanossi, el exsecretario general de la Presidencia, funcionario de todos los gobiernos kirchneristas y excandidato a gobernador del FpV Aníbal Fernández, el exministro del Interior Jorge Matzkin, el exministro de Seguridad bonaerense Luis Genoud, así como el exvicejefe de la SIDE Oscar Rodríguez.
Vanossi, Matzkin y Atanasof también instalaron la versión oficial de que los manifestantes se habían matado entre ellos. Vanossi incluso impulsó una acusación contra las organizaciones de desocupados en la Justicia federal, Mientras que Soria y Rodríguez se contactaron ese mismo día de la masacre con el comisario Fanchiotti. Soria, en los meses previos, ordenó desde la SIDE la infiltración a los movimientos piqueteros. Armaron distintas versiones, que hicieron públicas, sobre estas organizaciones. Dijeron que había grupos armados dispuestos a tirar al gobierno de turno.
La causa contra los responsables políticos estuvo a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal designado fue Miguel Ángel Osorio. Pero nunca se avanzó más allá de las cuestiones formales y en el año 2010, a pedido del fiscal, se archivó la causa. La lucha de los familiares y de las organizaciones sociales lograron reactivarla en el 2014.
“Parece que no, pero nosotros en silencio avanzamos un montón en la investigación”, comentó a La Izquierda Diario Alberto Santillán, padre de Darío, durante la vigilia previa al corte de este lunes. Se refiere a los abogados querellantes Paula Alvarado y Pablo Ledesma, que junto a Alberto, Leo, el hermano de Darío, y compañeros del FPDS lograron poblar de valiosos testimonios la causa reabierta, también por su insistencia y perseverancia.
Este año, además, contaron con el apoyo de la Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional), que trabajó en particular sobre algunos de esos testimonios.
Uno de ellos es el que dio el exintendente de Avellaneda, Oscar Laborde, quien luego de pasar por los tribunales aseguró a esta periodista: “Los gobiernos de Duhalde y Solá están vinculados con este caso, no tengo dudas que hubo un acuerdo, no digo para provocar asesinatos pero sí para reprimir de esa manera”.
El 21 de octubre de 2015 el sitio Ojos Vendados publicó en exclusiva la declaración testimonial de Laborde. El entonces representante especial para la Integración Económica y Social de la Cancillería contó que el ex secretario de Seguridad Juan José Álvarez le pidió que no hiciera mención pública sobre la presencia de la Prefectura en la represión. ¿Por qué? ¿Qué había que ocultar?
También relató que cuando le dijo a Felipe Solá que a su criterio los gobiernos nacional y provincial habían actuado en conjunto, el exgobernador y actual candidato massista le respondió que “lo habían puenteado”. Y recordó que en el municipio quiso armar un plan de acción porque los antecedentes le generaban “preocupación” respecto de la integridad de los manifestantes. “Todo me daba la impresión de que iba a pasar algo grave, le dije al comisario Fanchiotti que no quería un muerto en Avellaneda”.
El juez de la causa, Ariel Lijo, ya le había prometido a Alberto Santillán que no iba a permitir que la causa prescriba, y se lo reiteró el miércoles 21 cuando lo recibió en su despacho. Ese día había declarado Adriana Puiggrós, quien respaldó los dichos de Laborde, algo que ya venía sucediendo con varios otros testigos. La pedagoga y ex funcionaria afirmó que estuvo reunida con Laborde algunos días antes del 26 de junio de 2002, cuando ocurrió la masacre, y que presenció una tensa conversación telefónica en la cual el entonces intendente abandonó su calma habitual para responder casi con violencia “no quiero un muerto en Avellaneda”. Quien estaba del otro lado de la línea era el comisario Alfredo Fanchiotti.
En su momento la justicia cerró el caso porque “no había nada, necesitaban nombres” para poder sustentar la hipótesis de la querella: fue un plan en el cual el poder político otorgó luz verde a las fuerzas policiales y de seguridad para desplegar una cacería de militantes esa jornada. El padre de Darío afirma que “ahora esos nombres están”, y se refiere a Alvarez, Solá, exjefes de Gendarmería y de la SIDE, entre otros. “Como siguen impunes incluso van en las listas para esta elección, pero en breve nosotros vamos a hacer los pedidos de indagatorias, es hora que haya imputados en esta causa y esperamos que la justicia nos acompañe como dijo que haría”, apunta Santillán en alusión a la promesa del juez Lijo.
Otro de los testimonios esenciales fue el de la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, quien declaró la conversación que tuvo con el ex gobernador Felipe Solá: “Bueno mire Nora, ese es un enfrentamiento entre pobres contra pobres, quédese tranquila”, le dijo el exfuncionario el mismo 26 de junio de 2002. Esa fue la versión oficial que el gobierno de Eduardo Duhalde hizo circular cuando los heridos aún seguían llegando al hospital Fiorito, tras aquella feroz represión y cacería de militantes de la que participaron las policías Federal, Bonaerense, además de la Prefectura y la Gendarmería.
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